¿QUÉ ES UN “COMPROBANTE FALSO”?

El 31 de diciembre de 2024 se implementó una modificación constitucional que incluye a los “comprobantes fiscales falsos” entre los delitos que pueden llevar a prisión preventiva inmediata. La cuestión es que la ley no define claramente qué se considera un comprobante falso. Este vacío en la legislación preocupa a los contribuyentes y expertos, ya que sin una definición precisa, hay el peligro de tratar errores administrativos como si fueran delitos graves.

Durante la Segunda Reunión 2025 con los Coordinadores Nacionales de Síndicos del Contribuyente, se solicitó al SAT que definiera qué factores hacen que un CFDI sea “falso”: ¿simulación de operaciones? , ¿modificación de datos? , ¿suplantación de identidad? , ¿facturas sin un bien o servicio real?

La respuesta del SAT fue poco contundente. Afirmó que no tiene la autoridad para pronunciarse sobre normativas constitucionales penales. Sin embargo, lo que se requería no era una definición penal, sino más bien técnica: aclarar, desde su experiencia fiscal, cuáles aspectos hacen que un comprobante no sea válido.

Al negarse a proporcionar una respuesta, el SAT creó un riesgo mayor: que cualquier error o discrepancia administrativa pudiera ser utilizado en un proceso penal como si fuera falsificación. Esto pone en riesgo principios fundamentales de seguridad jurídica y permite un uso arbitrario de la ley.

Los especialistas indican que, sin invadir las atribuciones del poder judicial, el SAT podría establecer criterios técnicos para aclarar cuándo un CFDI es inválido, qué prácticas son vistas como simulación de operaciones y cuáles no. De este modo, se proporcionaría claridad a los contribuyentes y se disminuiría el riesgo de abusos.

La inclusión de los “comprobantes fiscales falsos” como delito grave representa un cambio significativo, pero sin una definición técnica clara, la reforma puede convertirse en un arma de doble filo: intenta luchar contra la evasión, pero deja a miles de contribuyentes en una situación vulnerable ante la posibilidad de prisión preventiva sin normas precisas. Escríbenos o llámanos y con gusto agendamos una asesoría personalizada

📞Monterrey 81-12-89-56-89

📞Torreón 87-11-04-18-20

📞Llama gratuitamente al 800-001-0001

O 📧 Directamente a nuestro correo: 33@rcadespacho.com